La Comunidad de Madrid ha multiplicado por diez la capacidad
de tratamiento de los residuos de construcción en los últimos seis años.
Así, la región ha pasado de una capacidad de tratamiento de 500.000
toneladas/año en 2003, a 2.280.000 toneladas/año en 2007, hasta superar
los 5.200.000 toneladas/año en 2009.
“Una política medioambiental eficaz exige tener la capacidad para
devolver los residuos a la cadena de valor, transformándolos en materiales
reutilizables o en otras fuentes de energía”, aseguró hoy la consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño,
durante la visita que realizó a la nueva Planta de Residuos de
Construcción y Demolición de Colmenar Viejo.
En la actualidad, la Comunidad de Madrid genera cerca de 4
millones de este tipo de residuos al año, de los que el 83% reciben algún
tipo de tratamiento para su posterior aprovechamiento. Unos residuos
cuyo aprovechamiento es reutilizado en la adecuación de suelos, pistas y
caminos forestales, cunetas de carreteras o ajardinamientos.
La consejera Mariño, acompañada por el alcalde de Colmenar Viejo,
José María de Federico Corral, recorrió las nuevas instalaciones de esta
Planta de RCD, gestionada por la empresa Cespa, situada en el paraje
denominado “Era de Montoya”. Con capacidad para el tratamiento de
245.000 toneladas de RCD al año, esta nueva planta dará servicio a los
municipios de la zona noroeste de la región, sumándose así al Centro de
Clasificación y Transferencia de RCD ya existente en Moralzarzal.
Estrategia de Residuos
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
promueve activamente la construcción de estas infraestructuras, en
cumplimiento de las actuaciones previstas por el Plan Regional de
Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016) incluido en la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.
De este modo, la Comunidad dispone de plantas de tratamiento de
RCD de titularidad pública en Arganda del Rey, Navalcarnero, El Molar,
Moralzarzal, San Martín de Valdeiglesias, Villarejo de Salvanés y,
próximamente, Buitrago de Lozoya. En su conjunto, las plantas públicas
de RCD tienen capacidad para tratar cada año más de 1,2 millones de
toneladas de escombro. Por otro lado, la región cuenta con otras plantas
de iniciativa privada en Madrid, Mejorada del Campo, Arroyomolinos,
Fuenlabrada, Villalbilla a las que se suma la visitada hoy por la consejera
Mariño en Colmenar Viejo.
Para la puesta en marcha de estas infraestructuras, la Comunidad
ha realizado una inversión superior a los 34 millones de euros para la
modernización y construcción de instalaciones como la de Arganda del
Rey, Navalcarnero, El Molar o Moralzarzal. En estas plantas se separan
de los escombros los materiales reciclables, como la madera, acero, papel
o el plástico y con el resto de los deshechos se obtienen para su filtrado y
machaqueo, áridos de distinto grano que se utilizan para la construcción
de carreteras y jardinería.
Asimismo, el Ejecutivo destina 9 millones de euros a las actuaciones
necesarias para sellar y restaurar 56 vertederos ilegales en los dos últimos
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años, de los cuales 50 ya se encuentran perfectamente integrados en el
paisaje y actualmente se trabaja en la recuperación medioambiental de los
6 restantes.
Medidas disciplinarias
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está dando un
importante impulso a la correcta gestión de los residuos que se generan
en la región, colaborando con las entidades locales para que establezcan
un sistema de fianzas a imponer a aquellas empresas que generen
residuos de construcción y demolición.
Por otro lado, el Gobierno regional está aplicando medidas
disciplinarias con el fin de controlar los vertidos ilegales de este tipo de
residuos, como muestran las sanciones impuestas a siete vertederos
ilegales de residuos en 2009, con multas que oscilan entre los 100.000
euros y los 180.000 euros, según sea la gravedad de la acción. Así, el
infractor deberá restaurar el espacio degradado y devolverlo a su estado
anterior a los vertidos.
En este mismo sentido, la Comunidad procede en los casos
necesarios al precinto de camiones de transporte de RCD que realicen el
vertido incontrolado de este tipo de escombros. Tras la inmovilización de
precinto de estos vehículos, las sanciones a imponer en la resolución de
este tipo de expedientes son de hasta 31.000 euros.