Lo que sucede en el interior de las Cámaras que representan el poder legislativo en nuestro país, nuestras regiones o en nuestros municipios, suele pasar desapercibido para el ciudadano y la opinión publica en general. Normalmente, cuando se hace ruido, cuando hay gresca verbal, o cuando son los primeros espadas los que cruzan acusaciones, la carnaza se nos muestra desde los medios de comunicación.

También debemos distinguir el interés en función de los temas que se tratan. Por ejemplo, el mismo viernes y durante el fin de semana se ha hablado mucho de los Presupuestos Generales del Estado y cuando se habla de dinero, o por lo menos entendemos que es de lo que se trata al llamarse “presupuestos”, entonces nos interesa a todos.

También, dentro de un mismo tema algunas cosas son noticia y otras no. Recordemos, por ejemplo, tratando temas de medio ambiente, la dramática situación del Lince Ibérico, la sanción por la recolección de manzanilla de Sierra Nevada, los grandes incendios de estos últimos años, tristemente recordados, o las catástrofes por inundaciones o hundimientos de buques en nuestras costas, etc.

Decíamos al principio que la tramitación de esta Ley sí ha trascendido durante unos días a la opinión pública y esto es bueno. El Ministerio de Medio Ambiente ha tardado mucho tiempo en dejar ver la luz a una Ley que ha deambulado, dando tumbos, durante toda la legislatura para llegar “in-extremis” a su tramitación.

En primer lugar, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular ha permitido a los diferentes grupos parlamentarios realizar un debate donde ya se aprecia la posición de cada uno de ellos. En segundo lugar, ha permitido mostrar algunas de las deficiencias que presenta la Ley.

Partimos de la opinión de que todos los grupos parlamentarios son partidarios de realizar una conservación y protección de la naturaleza. A estas alturas, sólo a una mente calenturienta se le podría imaginar que una enmienda de estas características pretendiera bloquear el trámite parlamentario sin más y no estuviera respaldada por unas reflexiones fundadas o ¿quizás si piensen que ese es el objetivo? Como decía mi abuelo “Ahí hijos míos, piensa el ladrón que todos son de su condición”. Esto es tanto como decir que el Ministerio ha esperado al último momento para presentar esta Ley y que se tramitara sin trabas.

Lo que está claro es que con los acontecimientos hacían necesaria la modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Distintas sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo en lo referente a las competencias sobre los Parques Nacionales, hacían necesaria esta transición.

Como reconoce el apartado de “Exposición de motivos” del Proyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, que fue un acierto, en su momento, y ha servido a lo largo de casi dos décadas para asegurar la conservación de un patrimonio excepcional: “La Ley 4/1989 introdujo en España desde una perspectiva integral, el Derecho de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable, consolidando el proceso iniciado a principios de los años ochenta del siglo pasado mediante la ratificación de convenios multilaterales sobre, entre otras materias, humedales, tráfico internacional de especies amenazadas o especies migratorias, y regionales, sobre el patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la recepción del acervo comunitario con motivo de la entrada de España en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986.”

Por otra parte, las Directivas Europeas no habían sido transpuestas al ordenamiento jurídico español. Incluso, como argumentaba algunos de los portavoces en el Congreso de los Diputados “¿por qué no ir un poco más allá de los que nos marcan desde la Unión Europea?”. Claro está que hay muchas formas de ir más allá, una de ellas sería ser más purista y otra sería ser más inteligente en su adaptación a la realidad de un territorio. Aunque podríamos profundizar en estos dos temas, no debemos distanciarnos de nuestra argumentación.

Con estos breves comentarios ya se aprecia que debía haber existido un poco más de previsión para la hacer una buena sustitución.

Hemos asistido a la presentación de borradores del anteproyecto de ley. Recuerden que las primeras propuestas eran conjuntas con la Ley de Parques Nacionales. Luego, borradores presentados a las Conferencias Sectoriales el mismo día de la reunión y, pese a todo, me consta el interés de ciertas comunidades autónomas en mejorar sustancialmente el documento.

Pero hay más. Trascurridos varios años y tras la experiencia en la aplicación de la Ley 4/89 deberíamos aprender de lo bueno y lo malo. El modelo ha servido para consolidar muchos territorios naturales a lo largo de la geografía española, pero quizás debemos tender a un modelo en el que sean más equitativo los diferentes conceptos del desarrollo sostenible: conservación pero permitiendo un desarrollo económico y social de las áreas protegidas.

Y esto último no es baladí. Esta Ley afecta a una superficie considerable de nuestro territorio. Más del 9% si consideramos los espacios naturales protegidos, más de 4,5 millones de hectáreas, si consideramos superficie marina y terrestre, o un 25% de la superficie total, que puede estar solapado con el anterior, si se incluye la Red Natura 2000. Además existen otras figuras de conservación de carácter internacional, no incluidas en estas estadísticas.

No es baladí porque en este territorio viven miles de personas y existen propietarios privados, que en muchas ocasiones han sido los verdaderos artífices del buen estado de conservación de espacios y de especies silvestres y a los que ahora se amenaza con la prohibición y la restricción continua.

Aún hay más. Se avecina otro posible nubarrón sobre “los mismos campos”. Con las mismas prisas se está tramitando el Proyecto de Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. ¿Desarrollo? ¿sostenible?. Lo lógico es que primero se escuche a los interesados; asociaciones, propietarios, etc. pero esto cada vez se asemeja al anuncio de unas conocidas conservas: “que hay prisa”.

Con estas reflexiones y sin entrar en detalle en el contenido de la Ley, podemos pensar que estamos perdiendo una nueva oportunidad, otra más. Lo bueno, que durante unos días ha trascendido a la opinión pública una realidad: “la conservación de la naturaleza se extiende a todo el territorio y afecta a todos, ¡aunque a unos más que a otros!”.